La nueva CURP biométrica en México ha generado un intenso debate entre autoridades, especialistas y organizaciones civiles. Esta medida busca centralizar datos como huellas dactilares, iris, rostro y firma electrónica en una base nacional, bajo el argumento de mejorar los trámites y agilizar la búsqueda de personas desaparecidas. Sin embargo, expertos advierten sobre graves riesgos para la privacidad, los derechos humanos y el potencial uso abusivo de esta información.
¿Qué es la CURP biométrica?
Se trata de una nueva versión de la Clave Única de Registro de Población (CURP) que incorporará datos biométricos: fotografía, huellas dactilares, firma y escaneo del iris. Este documento será obligatorio para realizar trámites tanto públicos como privados, como abrir cuentas bancarias, inscribirse en escuelas, o solicitar pasaportes.
¿Para qué se implementa?
Según el gobierno, esta CURP avanzada permitirá combatir delitos como la desaparición forzada, mejorar la coordinación entre autoridades y facilitar el acceso digital a los servicios. También busca convertirse en un único medio de identificación oficial a nivel nacional.
Principales riesgos señalados
Diversas organizaciones como R3D y el Grupo Integral de Derechos Humanos han señalado los siguientes peligros:
Falta de supervisión: actualmente no existen mecanismos fuertes que regulen el uso, protección y acceso a esta información.
Pérdida de privacidad: al centralizar datos tan sensibles, se abre la puerta a un sistema de vigilancia masiva.
Filtraciones incontrolables: los datos biométricos, al ser inalterables, no se pueden “cambiar” si son robados.
Exclusión social: personas con características físicas distintas o sin acceso tecnológico podrían quedar fuera del sistema.
¿Es realmente voluntaria?
Aunque se ha dicho que el uso de la CURP biométrica será voluntario, en la práctica será requisito para la mayoría de trámites oficiales. Esto genera preocupación por un consentimiento que no es libre, sino condicionado al acceso a derechos fundamentales.
La CURP biométrica en México representa un avance tecnológico, pero también un desafío para la democracia y los derechos ciudadanos. Ante su posible implementación, es fundamental exigir transparencia, garantías legales y controles independientes que eviten abusos o violaciones a la privacidad de millones de personas.